Situación del sector privado

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG
XAVIER ANDRADE / IVÁN PISCO / LEONARD QUINDE / CRISTELL CORONEL

A la fecha de cierre de esta edición, Guayaquil ya se encuentra en semáforo amarillo en lo que respecta a la emergencia sanitaria, situación que ha generado altas expectativas a nivel de empresas y negocios, en especial por la ampliación de los horarios, facilidad de un mayor tráfico vehicular y por ende de personas, y por supuesto, por una mejora de las posibilidades para restablecer una operación suficiente que garantice la continuidad de los negocios.

Durante el punto más crítico de la emergencia sanitaria, la actividad productiva a nivel nacional llegó a paralizarse en un 70% en términos promedios (considerar que hay negocios que incluso a la fecha mantienen una completa paralización de actividades). Al momento, se cuenta con cifras oficiales del desempeño de las ventas a nivel nacional hasta marzo de este año, mes en el que las ventas totales (locales + exportaciones) cayeron en 23% en comparación a marzo-2019, siendo esto una situación visible a lo largo de los diferentes sectores económicos, y donde el mejor desempeño observado fue una variación nula de las ventas reportadas por las empresas de la industria de alimentos. Ver cuadro No. 1

En términos geográficos, los resultados de marzo también evidencian diferencias en la intensidad del impacto negativo ocasionado por la emergencia sanitaria, teniéndose casos como Galápagos donde las ventas durante marzo-2020 cayeron en 51% en comparación al mismo mes de 2019, seguido por Pastaza (-44%), Orellana (-44%), Napo (-42%), y Morona Santiago (-42%), mientras que las provincias que menor caída de ventas reportaron en dicho mes fueron Esmeraldas (-14%), Bolívar (-15%), y Manabí (-17%). Ver cuadro No. 2

Todavía no se cuenta con resultados oficiales sobre el desempeño de las ventas en el mes de abril, sin embargo, se estima que las pérdidas por ventas no realizadas entre marzo y abril, a nivel nacional y considerando el total de sectores económicos, supera los USD 9.500 millones.

Una de las consecuencias inmediatas de lo anterior es la frágil situación de liquidez que deben afrontar las empresas y negocios, sin que para esto haya diferencias por su actividad económica o tamaño. De igual manera, los consumidores y ciudadanos en general se encuentran también en una situación de baja liquidez, y en algunos casos, incluso nula, en especial si se considera que, a la fecha, según declaraciones del Ministro de Trabajo, se han dado por terminado unos 110.000 contratos de trabajo.

Fortalezas en medio de la crisis

Es indudable que los elementos anteriores pueden configurar en el corto plazo una situación económica crítica, sin embargo, es importante reconocer las fortalezas de la economía ecuatoriana que podrían apuntalar de cierta forma a la actividad productiva.

El esquema de dolarización desde sus inicios ha permitido que el sistema bancario se consolide a través de un crecimiento estable de los depósitos que este recibe, lo que a su vez facilita que los bancos privados puedan conceder créditos de una forma dinámica favoreciendo ya sea al consumo, a la adquisición de bienes inmuebles, o a la actividad productiva en términos generales.

Al cierre de 2019, el sistema de bancos privados captó depósitos por un total de USD 33.678 millones (equivalentes al 31% del Producto Interno Bruto), logrando además un crecimiento de 8% respecto al año anterior, lo que facilitó a su vez un incremento de 10% en el volumen de créditos concedidos, teniéndose además que las categorías de créditos otorgados que mayormente crecieron fueron las de crédito productivo (+28%) y consumo prioritario[1] (+18%).

Debido a la emergencia sanitaria, para abril de 2020 el sistema de bancos privados experimentó una contracción en sus captaciones de depósitos en el orden del 2% respecto al nivel de cierre de 2019, mientras que el crédito otorgado se contrajo en 3%, esto debido a menores créditos otorgados a nivel de las diferentes categorías (excepto el concedido para viviendas de interés público). A más de lo antes evaluado, cabe señalar que la provisión para incobrables realizada a nivel del sistema de bancos privados se incrementó en un 9%. Ver cuadro No. 3

El Comercio Internacional

En materia de comercio exterior, suele ser objeto de crítica el hecho de que la cesta exportable de Ecuador haya variado poco a lo largo de los años, y aunque ciertamente lo ideal sería contar con una cada vez mayor oferta de exportación; en los momentos actuales poder contar con productos debidamente posicionados en los mercados internacionales permite pensar en una incidencia menos crítica para varios sectores exportadores y para los sectores productivos relacionados directa o indirectamente a estos.

Entre enero y marzo de 2020, las exportaciones no petroleras de Ecuador sumaron USD 3.815 millones, lo que representó un incremento de 18% respecto al mismo período de 2019. El mayor incremento se concentró en las ventas al exterior de productos primarios no petroleros, mismas que crecieron en 11% en términos de volumen y en 24% en términos monetarios, mientras que las exportaciones industrializadas no petroleras crecieron 13% en volumen y 1% en valor.

Pese a que al mes de marzo una amplia variedad de países se encontraba en cuarentena, las exportaciones no petroleras de Ecuador en dicho mes crecieron en 7%, básicamente por el buen desempeño logrado por las ventas al exterior de productos primarios, ya que las exportaciones industrializadas no petroleras se contrajeron en 6%. Ver cuadro No. 4

En cuanto a las importaciones, las compras al exterior sí presentaron una considerable caída durante marzo de este año, ya que las mismas se contrajeron en 18% en comparación a lo observado durante marzo-2019, teniéndose además que esto respondió a menores compras del total de categorías de productos (materias primas, bienes de capital, bienes de consumo y combustibles). Es importante señalar que las importaciones ya venían experimentando un comportamiento a la baja incluso desde antes del inicio de la emergencia sanitaria (observar desempeño del período enero-marzo, ilustrado en el cuadro No. 5), esto como reflejo de un mercado local que presentaba un muy lento crecimiento en ventas.

Situación del sector público

El 19 de mayo pasado, a través del Decreto Ejecutivo 1054 se dio paso a un nuevo esquema de fijación de precios para la comercialización de combustibles (extra, ecopaís, diésel) para el sector automotriz, camaronero, atunero y otras pesquerías; fijándose para el efecto un sistema de bandas de precios, cuyo techo cambiará cada mes en función del precio del mes anterior del petróleo WTI y el crudo Oriente, pudiendo este techo aumentar hasta un 5% a partir de dicho valor de referencia.

Este nuevo sistema de bandas cuenta también con un piso, que al momento de su implementación ha fijado precios de USD 1,75 por galón para la gasolina extra y ecopaís, y de USD 1 por galón para el diésel, estableciéndose que en adelante el piso de comercialización deberá ser mayor o igual a estos valores.

Según declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas, durante el mes de abril no se gastó en subsidios a los combustibles debido a los precios bajos que se presentaron en el mercado petrolero en dicho mes (el barril de WTI promedió los USD 16,52).

Es importante destacar que el nuevo esquema de comercialización busca reflejar de cierta forma la dinámica de los mercados internacionales en el precio de comercialización de los derivados, sin embargo, aquello no representa una eliminación en sí de los subsidios a los combustibles, y todavía no se puede hablar de una focalización de los mismos, incluso. Resta por ver como esto impactará finalmente en los egresos por subsidios a combustibles, en especial cuando los precios internacionales del crudo retomen niveles que representen altos costos en la importación de derivados de petróleo. Otro elemento de relevancia al respecto es la liberación de la importación de combustibles, atada al pago de tarifas a PETROECUADOR por uso de su infraestructura portuaria, de almacenamiento, transporte y distribución. Sin embargo, debido al esquema de fijación de precios ahora vigente y otras normativas que deberían mejorarse, resulta complejo precisar una operación e ingresos suficientes para que uno o varios operadores privados realicen las inversiones necesarias para llevar a cabo una comercialización de combustibles en un volumen representativo, teniéndose posiblemente mayormente importaciones para el auto consumo. Ver cuadro No. 6

Producto de la emergencia sanitaria y de la consecuente paralización de actividades, entre enero y abril de este año los ingresos tributarios en el Presupuesto General del Estado se contrajeron en 13% respecto a lo observado en el mismo período de 2019. Ya que la reactivación de actividades económicas todavía se encuentra en proceso, es difícil precisar cuánto podría caer finalmente la recaudación de impuestos (en especial porque dependerá de las condiciones de mercado que se generen, tanto a nivel de ventas como a nivel de la conservación de los puestos de empleo), presentándose una situación similar en lo concerniente a ingresos petroleros (esto debido a que es altamente probable que el precio del barril de petróleo no experimente incrementos significativos). Ver cuadros No. 7 y 8

A través del Decreto Ejecutivo 1053 se ha procedido a oficializar una reducción de la jornada laboral para el sector público (a excepción del personal de salud y seguridad), esto por los próximos 6 meses y con la posibilidad de que se mantenga por otros 6 meses. Con esta reducción de la jornada laboral se logra una reducción salarial del 16,66% por trabajador (8,33% en caso de profesores).

En la práctica esta medida podría representar una disminución del gasto público en personal de aproximadamente USD 278 millones (-3,3% respecto a la situación original), esto considerando una vigencia de 6 meses para esta medida y considerando la estructura de gastos observada durante 2019, año en el cual el 69% del gasto en sueldos y salarios del sector público se destinó a cubrir al personal bajo el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y Ministerio de Defensa Nacional. Ver cuadro No. 9

Inicio de un proceso difícil de reactivación

De momento, el sector privado y la ciudadanía en general se encuentran desde ya llevando a cabo actividades que le permitan retomar sus actividades ordinarias, y más que nada, que le garanticen la obtención de los ingresos necesarios para su existencia y operación.

En el caso de Guayaquil, un amplio segmento de comerciantes informales se dieron paso al reinicio de actividades incluso cuando la ciudad se encontraba en una fase de semáforo rojo, y esto a pesar de medidas vigentes de restricción de circulación de vehículos y por ende de personas. Lo anterior fue posible justamente porque también se encontraban presentes ciudadanos que probablemente por un tema de presupuesto buscaban adquirir alimentos y bienes a un precio económico o que se encuentre en las cercanías de su vivienda.

La ciudad ha optado por dar el paso a la fase de semáforo amarillo, y aunque todavía es pronto para precisar la intensidad de la reactivación productiva y de negocios por este cambio, lo que se percibe es que ha sido alta. Sobre la base de un muestreo realizado a nivel de las empresas afiliadas a la Cámara de Industrias de Guayaquil, se ha podido determinar que en la semana del 25 de mayo hasta un 65% de las empresas podrían logran una operación entre un 41% y 80% de su actividad ordinaria previa a la emergencia sanitaria. Cabe señalar que, aunque esto último suena alentador, también evidencia que todavía existe una brecha considerable para lograr una plena reactivación.

A la fecha de cierre de esta edición no se ha dado un pronunciamiento desde el Ejecutivo respecto a lo aprobado por la Asamblea Nacional en materia del régimen de acuerdos laborales que consta en la Ley de Apoyo Humanitario, sin embargo, se espera que no exista un veto que modifique lo aprobado. Dado esto, empleadores y trabajadores mantienen expectativas positivas sobre la posibilidad de establecer acuerdos que impidan recortes significativos de personal y quiebras de empresas y negocios. Lastimosamente, a la fecha ya se han dado ambos elementos, y lo que se busca es impedir que los despidos y quiebras continúen.

Las empresas y autoridades cuentan ya con medidas que permitan garantizar buenas prácticas de bioseguridad en sus operaciones y actividades diarias, tanto para el sector productivo como para la ciudadanía en general. Por su parte, la Cámara de Industrias de Guayaquil ha puesto a disposición su Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales COVID-19, como mecanismo para facilitar un rápido re inicio de actividades, mismo que fue elaborado con la colaboración de representantes y encargados de seguridad industrial de varias empresas e industrias que nunca pararon su operación y debieron sobre la marcha diseñar e implementar las medidas que garanticen los menores riesgos posibles de contagio.

Luego de 15 días del inicio de la fase de semáforo amarillo podrá evaluarse una transición hacia una fase de semáforo verde, sin que esto represente el fin de la emergencia sanitaria, y, sin embargo, significaría un mayor incentivo para que las actividades empresariales y de la ciudadanía tiendan a ajustarse de mejor manera a una nueva normalidad en el que se procure el cuidado tanto de la salud como de la economía. Desafortunadamente, para una amplia variedad de empresas y negocios resultará imposible recuperar lo perdido, y en parte esto obedece a la presencia de fallos estructurales en la economía ecuatoriana. Ahora existe una tarea doble, continuar trabajando y hallar los medios que permitan garantizar la continuidad de las empresas y los puestos de empleo, y, además, generar las herramientas que permitan que ante una nueva situación extrema como la ocurrida, se cuenten con opciones que impidan que lo vivido se repita.


[1] Es el crédito otorgado a personas naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas.