DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG
XAVIER ANDRADE / IVÁN PISCO / LEONARD QUINDE / CRISTELL CORONEL

A la fecha de cierre de esta edición, la situación internacional y nacional alrededor del coronavirus y su estatus de pandemia han generado una serie de problemáticas para la actividad económica, afectando tanto al sector público como al privado, y por supuesto a la ciudadanía en general.

La semana del 9 al 15 de marzo se constituyó en un período importante en cuanto a las acciones y medidas a ejecutarse por los diferentes actores a nivel nacional. En los días previos a esta semana los mercados internacionales enfrentaron una serie de dificultades que llevaron a la baja las expectativas, especialmente en el mercado petrolero donde la falta de consenso entre los mayores productores generó una caída acelerada del precio del petróleo, que para el caso del WTI (crudo de referencia para Ecuador) empezó la semana en USD 41,28 por barril y la cerró en USD 31,73. Esto último tuvo serias repercusiones para Ecuador, cuyo riesgo país empezó la semana en los 1.981 puntos base, y cerró la semana en los 3.652 puntos, esto debido a la importante caída en los ingresos fiscales que se originaría por la situación del precio del petróleo.

Durante la noche del 10 de marzo el Presidente Moreno anunció una serie de medidas, principalmente recaudatorias y de ajustes fiscales, que apuntan a resolver los problemas de liquidez a corto plazo originados por la caída del precio internacional del petróleo y por el retraso en el desembolso de USD 348 millones que debía recibir Ecuador en el marco del financiamiento acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Las medidas anunciadas apuntarían a una mejora de la liquidez presupuestaria en USD 2.252 millones (esto considerando que la mayor mejora obedece a una reducción del gasto público), y consisten en:

• Reducción del Presupuesto estatal, por un recorte de USD 845 millones en adquisición de bienes y servicios, y de USD 535 millones en adquisición de bienes de capital. (Ahorro de USD 1.380 millones).

• Aporte de los servidores públicos con un porcentaje de su salario. Contribución esperada de USD 226 millones.

• Contribución única del 5% sobre avalúo de vehículos valorados en más de USD 20.000. Recaudación esperada de USD 220 millones.

• Incremento en 0,75 puntos porcentuales en las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Recaudación esperada por USD 426 millones.

Es importante considerar que la contribución salarial de los servidores públicos podría aportar a la liquidez del Presupuesto General del Estado de manera inmediata, mientras que el ajuste en adquisición de bienes y servicios obedecería más a la planificación de adquisiciones del año en curso (es decir que su efecto es mucho menos inmediato); mientras que la contribución sobre el avalúo de los vehículos debe aprobarse a través de la Asamblea Nacional, generándose incertidumbre sobre la rapidez con la que se podrían contar con los recursos esperados a recaudarse por dicho rubro, o incluso si la misma lograría aprobarse.

A más de lo previamente expuesto y en el contexto de estas medidas, el ministro Richard Martínez anunció que para este mes de marzo se espera se concreten créditos internacionales por USD 2.000 millones, de los cuales USD 1.000 millones permitirían la recompra de deuda cara.

Consistencia y coherencia de las medidas adoptadas

1. Ajuste en adquisición de bienes y servicios – Contribución salarial de servidores públicos
Respecto al ajuste en adquisición de bienes y servicios (corrientes y de capital), a la fecha de cierre de la presente edición no se han precisado los rubros específicos sobre los que ocurrirían dichos ajustes. En todo caso, cabe observar que para 2020 la proforma presupuestaria aprobada contempla USD 6.136 millones en gastos corrientes de bienes y servicios de consumo, siendo dicha cifra inferior a los USD 6.687 millones que efectivamente se gastaron durante 2019 según consta en lo devengado del Presupuesto General del Estado.

En lo referente de manera puntual al gasto no permanente en bienes y servicios (bienes de capital), la Proforma Presupuestaria para este año contempla un egreso por USD 1.083 millones, y aunque esto sugeriría amplio margen para reducción de dichos gastos, es válido observar que ya en 2019 se cerró con un gasto global en este rubro de USD 253 millones.

Un elemento adicional a observarse respecto a los gastos del Presupuesto General del Estado, es que en el rubro de gastos de personal (sueldos y salarios del sector público) lo aprobado en la Proforma establece un egreso por USD 8.897 millones, lo que resulta inferior en USD 400 millones al gasto efectivo (devengado) del ejercicio 2019.

A la fecha de cierre de esta edición todavía no existen precisiones del efecto en términos presupuestarios de las fusiones y absorciones de entes públicos que anunció el Presidente Moreno; esto considerando que producto del reajuste institucional podrían ocurrir reducciones de ciertos gastos y de personal. Ver cuadro No. 2

2. Contribución sobre vehículos valora- dos en más de USD 20.000
Aunque se anunció que se espera una recaudación de USD 220 millones por este concepto, no existen elementos suficientes para precisar el impacto que genera esta medida, en especial si se considera que podría no aplicar a vehículos usados para actividades productivas (buses, camiones, tractocamiones, etc.). En todo caso, para fines informativos, según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, al cierre de 2018 el parque automotor a nivel nacional constó de 2.403.651 vehículos de diferentes clases, de los cuales 2.368.376 correspondieron a vehículos de propiedad privada (no estatales). Ver cuadro No. 3

3. Incremento de 0,75 puntos porcentuales en retención en la fuente del Impuesto a la Renta

A través de la resolución administrativa NAC-DGERCGC20-00000020, el Servicio de Rentas Internas procedió al incremento del porcentaje de retención del impuesto a la renta para bienes muebles (adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, nuevo porcentaje: 1,75%), y sobre todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención (nuevo porcentaje: 2,75%), lo cual entra en vigencia a partir de abril.

Con esta medida, se espera lograr una recaudación de USD 426 millones durante los 8 meses restantes de 2020. Para propósitos informativos, en el cuadro No. 4 se presenta una estimación del impacto del incremento de 0,75 puntos porcentuales en la retención en la fuente del impuesto a la renta aplicada de manera generalizada a todos los rubros vigentes.

Otros asuntos que no han sido atendidos

Subsidios a los combustibles

Aunque la problemática generada por la caída del precio internacional del petróleo y del comportamiento adoptado por los mercados internacionales dada la declaración del coronavirus como pandemia han generado serios problemas fiscales y económicos a corto plazo para Ecuador, principalmente de liquidez, es válido señalar que ciertos ajustes fiscales pudieron contribuir a que el impacto fuese menor, especialmente en lo referente al presupuesto destinado a cubrir los subsidios a combustibles, tal como lo estableció el Presidente Moreno en su anuncio del martes 10 de marzo.

Según la Proforma vigente para este año, se esperaban destinar USD 1.957 millones para subsidios a combustibles, mientras que otros USD 3.499 millones se destinarían a programas de ayuda social y asignaciones o transferencias corrientes a la seguridad social. Ver cuadro No. 5

Durante 2019, únicamente en la comercialización de derivados de petróleo importados se generó un déficit de USD 1.233 millones, de los cuales USD 778 millones se originaron en la comercialización de diésel (participación del 63%), USD 239 millones en la de nafta de alto octano (19%), y USD 215 millones en la de gas licuado de petróleo (GLP) (17%). En los últimos 10 años (2009-2019), el déficit originado en la comercialización de estos derivados importados representó un compromiso de USD 23.640 millones, equivalentes al 41% de la deuda pública total (externa e interna) registrada al cierre de 2019 (USD 57.337 millones), o al 57% de la deuda pública externa únicamente (USD 41.493 millones).

Cabe enfatizar en que el déficit acumulado antes expuesto (USD 23.640 millones), USD 19.362 millones corresponden a pérdidas originadas en la comercialización interna de nafta de alto octano y diésel, es decir el 82% del déficit total. Ver gráficos No. 1 y 2

Lo anterior evidencia el importante impacto que ha representado la política de subsidios para el país en términos del Presupuesto General del Estado e incluso en el nivel de endeudamiento público. Es importante observar que individualmente el gasto en subsidios a combustible se concentra principalmente en diésel, mientras que el monto subsidiado a naftas ha tendido a disminuir, principalmente por la liberación del precio de la gasolina super.

Durante 2019, cuando el crudo ecuatoriano se comercializó a USD 56 por barril y la nafta de alto octano se importó a un costo de USD 71 por barril (comercializándose internamente a un precio de USD 48 por barril), el monto destinado a subsidios de este tipo de combustible fue de USD 239 millones. Es difícil establecer cuánto se destinará finalmente en 2020 para este subsidio en específico dados los precios internacionales actuales, pero es inevitable pensar que, dada la coyuntura, nos encontramos ante el mejor momento para prescindir al menos de este subsidio, lo que resultaría más coherente con la realidad nacional actual y tendría un impacto menor y más equitativo que una medida como la contribución propuesta para vehículos valuados por más de USD 20.000. Ver Cuadro No. 6

Extensión de los incentivos a las inversiones

La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal fue publicada en el Registro Oficial el 21 de agosto de 2018, fecha desde la cual corre un plazo de 24 meses para acogerse a una serie de incentivos contemplados en dicha Ley. Luego de transcurridos esos 24 meses, la Ley contempla la posibilidad de que a través de un Decreto Ejecutivo se prorrogue el plazo para acogerse a dichos incentivos por un período de otros 24 meses.

Según información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, durante 2019 el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones CEPAI aprobó un total de 53 contratos de inversión que implican inversiones por USD 1.150 millones y una generación esperada de 6.902 plazas de empleo directo. Ver cuadro No. 7En términos generales, 2018 fue un año importante para la dinámica de las inversiones en el país, ya que desde una perspectiva macroeconómica, se evidenció una participación más activa del sector privado en la formación bruta de capital fijo FBKF (indicador macro del nivel de inversiones de un país), no solamente por una mayor participación respecto a la FBKF pública, sino también porque en dicho año mientras la FBKF pública se redujo en USD 2.477 millones, la FBKF privada se incrementó en USD 3.499 millones. Ver gráfico No. 3

A la fecha de cierre de esta edición no existen todavía disponibles cifras oficiales sobre el comportamiento de la FBKF durante 2019 (aunque el acumulado enero-septiembre de 2019 se redujo en USD 506 millones respecto al mismo período de 2018, básicamente por una nueva caída de la FBKF pública), aunque las cifras de la inversión societaria que reporta la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dejan entrever algunos resultados de interés.

En términos generales, durante 2019 la inversión autorizada para constituciones y aumentos de capital a nivel societario se redujo en USD 139 millones (-10%), esto luego de que en 2018 se habría logrado un leve aumento de USD 45 millones. Aunque el monto monetario de este tipo de inversión societaria se redujo, cabe resaltar que el número de compañías involucradas en este tipo de operaciones sí aumentó, pasando de un total de 10.964 empresas en 2018, a un total de 11.685 empresas en 2019. Ver cuadro No. 8

En lo que respecta a Inversión Extranjera Directa IED, entre enero y septiembre de 2019 se registró una caída de 28% de este rubro respecto a lo reportado en el mismo período de 2018. Es importante señalar que para el caso ecuatoriano una amplia proporción de los flujos de inversión extranjera directa se concentra normalmente en la actividad minera; revelando la necesidad de impulsar la llegada de nuevos capitales hacia otros sectores de la economía, sin que esto represente dejar de lado el potencial de desarrollo económico que representa la minería para el país.

Más allá del dinamismo errático que ha mantenido la Inversión Extranjera Directa para Ecuador, es importante también observar que países o bloques de interés estratégico para el país en materia de comercio exterior (por ejemplo: Unión Europea, Alianza del Pacífico, Estados Unidos) no presentan un comportamiento estable pese a que en algunos casos existen acuerdos comerciales que definen amplias oportunidades en materia de comercio exterior e inversiones (por ejemplo, entre enero y septiembre de 2019 la IED proveniente de países de la Unión Europea se redujo en 37% respecto a lo reportado en el mismo período de 2018). Ver cuadros No. 9 y 10.

Sobre la base de las cifras anteriores, es difícil establecer el impacto real del régimen de incentivos a inversiones que se introdujo con la denominada Ley de Fomento Productivo, aunque sí es posible identificar que el sector privado ha recuperado su representatividad y dinamismo en el área de inversiones. Es necesario reconocer que, si bien estos incentivos podrían implicar un sacrificio fiscal para el gobierno, esto considerando los tributos no percibidos por el fisco dado los regímenes de exoneración; también se produce una dinámica productiva que podría generar recaudación adicional por los encadenamientos que se generan, hacia atrás y hacia adelante. Sería válido que el gobierno expusiera más abiertamente los resultados logrados en el marco de estos incentivos.

Además, por la situación de estancamiento económico previo al brote de coronavirus y la coyuntura generada por dicha problemática per se, demandan que se mantenga toda medida que ofrezca alivio de la presión fiscal al sector privado, especialmente si detrás de dichas acciones existe la posibilidad de contribuir, mantener o incluso mejorar los niveles de empleo, además de mantener activo el entorno de inversiones.

Por otro lado, es necesario considerar que en Ecuador existen áreas que todavía resultan de interés para los capitales foráneos, tal como ocurre con la pesca y acuacultura, la agroindustria, la producción agrícola orgánica, actividades industriales que participan en la base de los encadenamientos productivos, e incluso el sector minero que es una industria que se perfila como una capaz de generar un nuevo boom económico para el país. Dado lo anterior, resulta válido ampliar los incentivos para nuevas inversiones a la vez que se gestiona una estrategia que permita que los capitales foráneos identifiquen claramente las oportunidades que ofrece Ecuador tanto por su naturaleza productiva como por su política económica.