Por: Dirección de Estudios CIG
Xavier Andrade / Iván Pisco / Leonard Quinde / Cristell Coronel
El concepto de economía circular se desarrolla aproximadamente a partir de 1980, describiendo en sus inicios un sistema, cerrado, de las interacciones entre economía y medio ambiente. El concepto como tal todavía es amplio, especialmente porque la economía circular involucra a diferentes actores a lo largo de la cadena de producción, distribución, y consumo de los productos, pero, en términos sencillos, la economía circular apunta a una debida gestión de residuos a través del proceso de las 3R: reducir, reciclar, reutilizar.
Para lograr el propósito de una mejor gestión de residuos, el concepto de economía circular plantea que los procesos productivos deben procurar una transición de un flujo lineal de materiales basado en recurso-producto-residuo, a uno circular, basado en recurso-producto-recurso reciclado.
Sobre el impacto económico derivado de un auge de procesos productivos basados en el concepto de economía circular, existen diferentes informes internacionales que plantean un incremento de inversiones y de plazas de empleo, especialmente en áreas de desarrollo de productos, re manufactura, y reparación (consultar Hacia una economía circular. Ellen MacArthur Foundation, 2014). Pese a que el concepto ha logrado un amplio posicionamiento durante los últimos años, todavía no es posible cuantificar debidamente el impacto económico neto derivado de esta transición, teniéndose además que, de momento, los mayores cambios se han dado a nivel de los procesos de reciclaje y gestión de residuos, aunque también comienzan a evidenciarse cambios en cuanto al diseño y desarrollo de productos.
Es importante señalar que la economía circular, si bien apunta a la gestión de residuos, es un concepto que enfatiza la importancia que desde el diseño de los productos se consideren el uso de materiales que faciliten la disposición y reutilización de los productos, siendo esto uno de los mayores desafíos detrás de la transición hacia una economía circular.
Ecuador no ha sido ajeno a la adopción del concepto de economía circular, existiendo una voluntad expresa de incorporarlo a su sistema productivo, y esto es algo que se ha dado a nivel de diferentes actores de nuestro medio, entre ellos el sector público, el empresarial, la academia, y varios otros actores de la sociedad civil.
Entre las acciones ejecutadas para la adopción y desarrollo de este concepto, destaca el Pacto por la Economía Circular, iniciativa que forma parte de uno de los ejes del Acuerdo Nacional por la Competitividad, Empleo e Innovación, iniciativa que se desarrolló durante el segundo semestre de 2019. Dicho Pacto se suscribió entre el Gobierno nacional y 161 representantes de los sectores productivos, organizaciones sociales y de la academia, y estableció como metas la industrialización de residuos, la eficiencia en el consumo de materiales y el consumo energético en los procesos productivos, el uso de energías renovables, la inclusión de recicladores de base, y la generación de modelos de negocios sustentables.
Aunque un amplio número de empresas suscribieron dicho Pacto, de momento no existen disponibles cifras definitivas sobre el impacto que se ha generado producto de esta iniciativa. Es necesario reconocer que lo anterior se da en parte por lo ocurrido en el contexto de la pandemia del COVID-19, además de que, como país, de cierta forma, todavía nos encontramos en una etapa de diagnóstico para determinar las mejores maneras de instrumentalizar la transición hacia procesos basados en economía circular.
Al margen de lo anterior, desde el Gobierno se han mantenido acciones orientadas al fomento y desarrollo del concepto de economía circular en Ecuador. Entre estas acciones destaca la conclusión de la primera fase del Libro Blanco de Economía Circular, la cual se desarrolló de manera cooperativa entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca MPCEIP y la empresa UNACEM, y que fue presentada al público en junio de 2020. Dicho Libro se percibe como un instrumento, que, en palabras del Viceministro de Producción e Industrias, Jackson Torres, aterriza el concepto a la realidad del país, en función de las agendas y compromisos enmarcados en la sostenibilidad (Economía Circular: la hoja de ruta del Ministerio de Producción hacia esta estrategia. Revista ELEMENTS, noviembre-2020). Este texto además apunta al desarrollo de propuestas de acción estratégicas en 4 pilares: producción sostenible, consumo responsable, gestión integral de residuos y generación de políticas y mecanismos de financiamiento que faciliten la aplicación del concepto de economía circular.
La primera fase de este Libro Blanco aborda el estudio de las agendas de desarrollo de Ecuador, la identificación de instrumentos legales, los sectores productivos priorizados y un análisis de la gestión de residuos.
La segunda fase del Libro ya se encuentra en desarrollo, y una vez finalizada se espera la concreción de una Estrategia Nacional, para lo cual se cuenta con el apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación Alemana GIZ. Entre las acciones ejecutadas para esta segunda fase, se encuentra la realización del evento Ecosistema Circular (https://www.ecosistemacircular.org/), cuyo fin fue definir las líneas estratégicas que deben considerarse para dicha fase. Este evento se desarrolló en 3 días de trabajo, y contó con la participación de 370 actores de diferentes sectores productivos y de la sociedad, y como resultado de las conversaciones e intercambio de información de dicho evento se tiene al esquema adjunto, que resume la visión del ecosistema de sectores y actores que definirían una economía circular en Ecuador.
Los antecedentes en Ecuador
Es necesario señalar que las prácticas definidas dentro del concepto de economía circular no son realmente nuevas para el caso ecuatoriano, esto al menos desde las acciones identificables a nivel del sector productivo como tal.
Desde el MPCEIP se ha mantenido la promoción de los Acuerdos de Producción Limpia, los cuales son instrumentos a través de los cuales las industrias realizan diagnósticos de ecoeficiencia en sus procesos productivos, con el fin de identificar oportunidades de mejora en el consumo de recursos materiales y energéticos, así como también posibilidades de industrialización de residuos del proceso productivo como tal, y de residuos resultantes del posconsumo (es decir, resultantes de la disposición de residuos por parte del consumidor final).
En estos Acuerdos se establecen metas de optimización, y una vez que son alcanzadas por parte de la empresa, esta recibe un reconocimiento por parte del MPCEIP, además de habilitarse la posibilidad de acceder a incentivos tributarios definidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, entre los que destacan, para el pago del impuesto a la renta, la deducibilidad de un 100% adicional de la depreciación de máquinas, equipos y tecnologías que permitan procesos productivos sostenibles y/o de bajo impacto ambiental.
Estos Acuerdos se han llevado a cabo de manera exitosa principalmente con empresas del sector alimenticio, teniéndose al cierre de 2020 que 11 plantas industriales lograron un ahorro de consumo de agua del 30%, ahorro en el consumo de energía eléctrica y combustibles en un 27%, e identificación de 34 oportunidades de aprovechamiento de residuos. A nivel de estas 11 plantas se cuantificó un ahorro económico de USD 1,5 millones por año producto de la implementación de los compromisos pactados.
El primero de estos Acuerdos se llevó a cabo en agosto de 2017, celebrado entre el entonces Ministerio de Industrias y Productividad, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas ANFAB, y el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia CEER. Una de las empresas participantes de este primer gran Acuerdo, en calidad de adherente, fue Nestlé, que manifestó que los compromisos de cuidado y conservación ambiental son prioritarios para la empresa como tal.
Respecto a estos Acuerdos, otro de los beneficios que conceden es la obtención de la certificación Punto Verde, emitida por el Ministerio del Ambiente y Agua. Esta certificación avala a toda actividad en la que se optimizan los recursos naturales en sus procesos, demostrándose un cumplimiento más allá de la normativa legal.
Debe señalarse también que el concepto de economía circular resulta compatible con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Esto se ve reflejado en el informe La economía circular en el entorno empresarial, preparado por UNACEM, empresa que forma parte del programa LÍDERES POR LOS ODS, como parte de una iniciativa impulsada por la Red Pacto Global Ecuador. En dicho informe se manifiesta que el enfoque de economía circular en el ámbito empresarial aporta de manera directa al Objetivo 9.4 de los ODS: “Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas”.
En dicho informe se presentaron los resultados de una encuesta realizada a 16 empresas (7 grandes, 4 medianas, y 5 pequeñas), de las cuales un 44% indicaron contar con estrategias empresariales orientadas a prácticas de economía circular, y un 83% indicaron contar con estrategias orientadas a la responsabilidad social y sostenibilidad.
En el informe de UNACEM constan algunos ejemplos de empresas que han adoptado y ejecutado acciones basadas en el concepto de economía circular, teniéndose entre ellas, además de otras empresas, a: a) ADELCA, con su estrategia Gestión Ambiental Integral con enfoque circular, misma que entre 2013 y 2019 ha logrado una reducción de 13% de sus emisiones de gases de efecto invernadero GEI, una reducción de 66% en el consumo de agua, además de una revalorización de un 86% de los residuos generados por la compañía, b) CNT EP, con su estrategia Reciclaje de terminales móviles, lográndose en 2018 una recuperación de 1.298 teléfonos móviles (versus 1.035 unidades logradas en 2017), c) The Tesalia Springs Company, con su programa de Reciclaje Asociativo de Valor Compartido, a través del cual se evitó que 150 mil toneladas de desecho sólido terminen en botaderos o rellenos sanitarios en las provincias de Manabí y Sucumbíos, además de conseguir un incremento de 350% en los ingresos familiares de los recicladores de base (esto por una recuperación diferenciada y gestión de una cadena de comercio justo), d) PRODUBANCO, con su programa Líneas Verdes, el cual ofrece soluciones financieras innovadoras, con valor agregado, para financiar proyectos ambiental y socialmente amigables y que contribuyan a prácticas más sostenibles y eficientes. A 2019 se contaron con más de 200 proyectos financiados, con desembolsos por aproximadamente USD 150 millones. A través de este programa se ha logrado una reducción de 4.200 toneladas de desechos, 600 mil metros cúbicos de agua ahorrados, 267 mil toneladas de CO2 evitadas, y 2,6 millones de KWh ahorrados.
Iniciativas desde lo normativo
El interés por impulsar las prácticas de economía circular ha escalado hasta lo normativo. Actualmente, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, cuenta con el documento normativo técnico ecuatoriano Principios de Economía Circular, basado en la norma BS 8001:2017. Además, el INEN ha desarrollado el Sello de Economía Circular, basado en la norma técnica ecuatoriana de Principios de Economía circular en organizaciones.
En Ecuador también existe un proyecto de Ley, actualmente en discusión a nivel de la Asamblea Nacional, denominado Ley Orgánica de Economía Circular. Respecto a este proyecto, existen varias observaciones por parte de diferentes representantes del sector privado y de otros actores de la sociedad, ya que debe cuidarse que el proyecto no se constituya en un instrumento que incremente la carga burocrática a nivel de las empresas, llegando incluso a generar obstáculos para el desarrollo de acciones reconocidas dentro del concepto de economía circular a nivel internacional. Además, en el proyecto debe reconocerse que el concepto de economía circular involucra tanto a productores como a consumidores, siendo responsabilidad de ambos y no solo del productor, la gestión de los residuos.
Entre los elementos a destacar de este proyecto de ley consta la articulación de una Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva, la cual se elaborará por un Consejo Consultivo, con un horizonte de 5 años, y que contendrá las estrategias, acciones y metas de economía circular inclusiva destinadas a cumplir los objetivos contemplados en el proyecto de ley.