DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG
XAVIER ANDRADE / IVÁN PISCO / LEONARD QUINDE / CRISTELL CORONEL
Al 17 de abril en Ecuador había transcurrido ya más de 30 días desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 y de la implementación de medidas de confinamiento y restricción de tránsito de vehículos y personas, que hasta el momento han generado una paralización de aproximadamente el 70% de la actividad productiva a nivel nacional.
Según las cifras oficiales del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, al viernes 17 de abril en Ecuador hubo 8.450 casos de personas contagiadas con el virus, esto luego de haberse tomado un total de 29.596 muestras para COVID-19. A dicha fecha, el número de contagiados reportados nos dejaba en 4to lugar entre los países sudamericanos, con un número de contagios superior al reportado por países con una mayor población que la de Ecuador (como por ejemplo Colombia y Argentina), llegándose incluso a registrar uno de los mayores niveles de contagios en relación al tamaño de la población: 49 contagiados por cada 100.000 habitantes. Ver cuadro No. 1
A la fecha, existen indicios que sugieren que pronto podría existir un aplanamiento estable de la curva de contagios (especialmente a nivel de Guayas), esto considerando como ha venido evolucionando el ritmo de crecimiento de contagios identificados. Pese a esto, dado que todavía existen aspectos a mejorar respecto a la capacidad de toma de exámenes del sistema de salud, e incluso, que existen leves diferencias en los ritmos de crecimiento de contagios a nivel de las diferentes provincias, todavía no es posible precisar cuánto tiempo más se mantendrán vigentes las medidas de aislamiento social obligatorio.
La actividad económica
Desde antes que empezara la actual emergencia sanitaria, Ecuador ya experimentaba un proceso de estancamiento en su ritmo de crecimiento económico, esto considerando que durante 2019 el total de ventas (locales + exportaciones) de la economía creció apenas en 1%. A la fecha de cierre de esta edición no se cuenta todavía con cifras oficiales de los resultados puntuales del mes de marzo, aunque en el acumulado de enero-febrero se registró la misma tendencia al estancamiento en las ventas, con una variación prácticamente nula de las ventas del total de la economía (-0,2%).
Es importante señalar que, aunque en los resultados globales la tendencia se ha mantenido, existen sectores en que el desempeño de los primeros 2 meses de 2020 fue peor, como ocurre por ejemplo con el sector de la construcción, que en 2019 vio sus ingresos contraerse en 13%, mientras que en el acumulado enero-febrero de 2020 reportó una caída de 21% respecto al mismo período del año anterior.
El comercio, un sector de alta relevancia tanto para el aspecto social como económico por su aporte en la generación de puestos de empleo formales, también registró entre enero y febrero de 2020 una caída de sus ventas, en el orden del 1%. Ver cuadro No. 2
Las tendencias previamente evaluadas toman una mayor relevancia en el escenario actual, ya que la paralización provocada por la emergencia sanitaria se ha constituido en un importante agravante para el desempeño económico de una serie de actividades productivas que desde antes de la crisis del COVID ya enfrentaban dificultades para mantener sus niveles de ventas, y por supuesto de capital de trabajo, e incluso de liquidez.
Aunque desde el Gobierno se establecieron medidas para garantizar la continuidad en lo posible de ciertas actividades productivas (agroindustria, salud, transportación, sectores exportadores y actividades productivas vinculadas), es importante considerar que el impacto para las actividades productivas no solo se origina por lo que ocurre en el ámbito local, sino también por lo que ocurre en mercados internacionales, de manera que incluso aunque algunas empresas se encuentren autorizadas para mantener su operación local, deben desistir ya que su producción se destina hacia mercados internacionales que de momento se encuentran también bajo medidas de confinamiento (por ejemplo, lo que ocurre para la actividad florícola).
Lo anterior no es solo un problema para el sector exportador, sino también para ciertos sectores que en sus procesos recurren a insumos importados que no son producidos localmente. Según las cifras del Servicio de Rentas Internas, entre enero y febrero de 2020 el sector agropecuario y pesquero reportó exportaciones equivalentes al 32% de sus ventas totales, mientras que el sector manufacturero reportó exportaciones equivalentes al 17% de sus ingresos e importaciones equivalentes al 22%. Cuadro No. 3
Pese a que todavía no se cuentan con cifras oficiales sobre el desempeño económico real del mes de marzo, es posible definir ciertos resultados sobre la base de las cifras de recaudación aduanera. Según estas cifras, durante el mes de marzo puntualmente, la recaudación aduanera alcanzó los USD 209 millones, y aunque este nivel resulta similar al reportado durante el mes de febrero (situación comprensible, dada que las importaciones están sujetas a procesos de planificación de varias semanas previo a su arribo y posterior desaduanización), se puede observar que la recaudación acumulada del período enero-marzo es inferior en 17% a la reportada en el mismo período de 2019.
Cabe añadir al análisis una posible menor recaudación arancelaria en 2020 respecto a 2019 por las reducciones arancelarias que se registraron para ciertos productos (por ejemplo celulares y computadores portátiles, cuya carga arancelaria fue modificada en noviembre de 2019), sin embargo, el IVA recaudado por operaciones de comercio exterior permite obtener una visión más clara de la dinámica de las importaciones, teniéndose que esta cifra apunta a una contracción de las compras al exterior en el orden del 13% (enero-marzo).
Este resultado es de amplia preocupación, ya que muy posiblemente el mismo no incorpora los efectos directos de la paralización por la emergencia sanitaria (por lo comentado previamente respecto al ciclo de planificación de las importaciones), e incluso a esto debe añadirse que dicho resultado obedece principalmente a una caída de importaciones de materias primas y bienes de capital para la industria. Ver cuadros No. 4 y 5
En términos generales, la economía ecuatoriana depende principalmente de su mercado doméstico, esto considerando que las exportaciones representaron durante 2019 un 11% de los ingresos totales reportados a nivel del total de los sectores económicos (29% en términos del PIB real). Debido a esta característica de la economía ecuatoriana, la misma depende a su vez de la capacidad de gasto de los hogares y consumidores locales, teniéndose que dicha capacidad de gasto se ha visto afectada en los últimos años por un estancamiento del mercado laboral, de manera que a diciembre de 2019 apenas 39 de cada 100 ecuatorianos accedieron a un puesto de pleno empleo.
El sistema financiero y bancario
Aunque la dinámica de consumo y empleo se han constituido en problemáticas estructurales (que a su vez responden a otros problemas, también estructurales, entre ellos, ciertos costos no competitivos en comparación a otros países de la región), es necesario considerar también otros elementos que han favorecido al desempeño de la actividad económica, como lo es el desempeño del sistema financiero y bancario. Durante 2019, a nivel del sistema de bancos privados se registraron depósitos por un total de USD 33.678 millones, lo que representó un incremento de 8% respecto al nivel de cierre del año anterior, mientras que, en lo concerniente a los créditos otorgados, estos alcanzaron un nivel de USD 28.178 millones (+10% respecto a nivel de cierre de 2018).
Aunque en 2019 la dinámica de los indicadores bancarios reflejaron un buen desempeño del sistema, cabe observar que en dicho año hubo un importante incremento de los créditos destinados al consumo, en el orden del 18%, mientras que el total del resto de créditos (principalmente para actividades empresariales y productivas, además del crédito inmobiliario) se incrementaron en 5%, muy posiblemente como reflejo de la tendencia a estancamiento que ha experimentado la actividad económica desde el año pasado.
La información del sistema de bancos privados a marzo de 2020 revela ya uno de los primeros efectos originados por las medidas de paralización adoptadas, teniéndose que en dicho mes los depósitos se contrajeron en 3% respecto a lo reportado en febrero de 2020, y en 2% respecto al nivel de diciembre de 2019, ocurriendo de similar manera con el nivel de créditos (-1% respecto febrero-2020, y -0,5% respecto diciembre-2019).
Aunque los resultados anteriores apuntan a un impacto relativamente moderado en el comportamiento de los depósitos y créditos, existe un elemento adicional a considerar respecto al desempeño de estos indicadores, ya que en años anteriores los créditos otorgados han venido creciendo a un ritmo mayor que el logrado por las captaciones de los bancos (depósitos), de manera que a marzo de 2020 el total de créditos otorgados representó el 89% de los depósitos que mantenían los bancos privados, nivel que se mantiene distante incluso del promedio de 81% registrado en los últimos 3 años. Ver cuadro No. 6 y gráfico No. 2
¿Hacia dónde deberían apuntar las medidas y acciones para una efectiva reactivación y recuperación económica?
Desde antes que comenzara la emergencia sanitaria por COVID-19, un amplio número de empresas y negocios se enfrentaban a un problema de flujo de caja originado en un lento crecimiento de ventas, tal como se ha ilustrado en la sección anterior, y por supuesto, la paralización productiva a causa de la emergencia sanitaria ha derivado en un evidente problema de liquidez que incluso desde ya ha generado que ciertas empresas se vean forzadas a realizar recortes de ciertos costos y gastos, incluidos laborales.
Hacia finales de marzo e inicios de abril, la banca pública había comenzado a comunicar una serie de acciones para aportar al sostenimiento de empresas y negocios, teniéndose en esta línea medidas como la ampliación del plazo de ciertas operaciones por parte de la Corporación Financiera Nacional, estableciendo para esto a los meses de abril y mayo como períodos de gracia, además de fijar los siguientes 9 meses (junio en adelante) como períodos en los que únicamente se cobrarán intereses y no capital para las operaciones crediticias vigentes. Otra opción puesta a consideración por parte de la CFN, es el diferimiento sin ampliación de plazo, con la posibilidad de diferir el pago de intereses a 12 meses (a partir de junio-2020) y la posibilidad de distribuir el pago del capital durante el tiempo hasta la finalización originalmente pactada para la operación.
Por su parte, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS hizo una inversión en la CFN para poner a disposición una línea de crédito para micro y pequeñas empresas por USD 50 millones, estimándose llegar a un total de 500 operaciones para capital de trabajo. En cambio, BANECUADOR dispuso la opción de diferimiento de mínimo 90 días a partir del 31 de marzo, además de la opción de ampliación del plazo de pagos.
En lo que respecta a la banca privada, ASOBANCA anunció que se han generado opciones como el aplazamiento de cobro de las cuotas hasta por 60 días para operaciones de microcréditos personales y créditos otorgados a pequeñas empresas. Se ha puesto también a disposición opciones de refinanciamiento para el resto de operaciones, en función de las condiciones particulares de cada caso. La banca privada también ha diseñado nuevas líneas de crédito, orientadas a extensiones extraordinarias para créditos destinados al pago de nómina[1].
Ciertamente para el corto plazo resulta altamente importante todo mecanismo que contribuya a mantener la liquidez de empresas y negocios que se han visto inmediatamente afectados por esta emergencia sanitaria, en línea con esto, se valoran acciones como aplazamiento del pago de servicios básicos, tributos, e incluso de pagos a la seguridad social, no obstante, es necesario mantener el enfoque de que no solo se requieren acciones de sobrevivencia sino también de reactivación.
Los nuevos proyectos de ley
El 16 de abril el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea 2 proyectos de Ley con carácter económico urgente: la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. A través del primer proyecto (que se esperaría se apruebe alrededor del 11 de mayo), se instrumentaliza la posibilidad de establecer concordatos o acuerdos de pago entre deudores y acreedores, se prohíbe el incremento de tarifas en el pago de servicios básicos (incluyendo telecomunicaciones), se generan directrices para las compañías aseguradoras privadas (que no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de seguros de salud ni contratos de medicina prepagada, entre otros elementos), entre otras medidas.
En lo que respecta al sector privado, por un lado se crean opciones orientadas a mantener en lo posible las plazas de empleo, instrumentalizándose la posibilidad de acuerdos entre empleador y trabajador para modificar la relación laboral (dichos acuerdos están sujetos a condiciones, y gozan de la calidad de título ejecutivo), además de establecer la modalidad de contrato especial emergente, que consiste en un contrato con vigencia de 2 años con opción de renovarse por una única vez (una vez terminado el plazo, se convierte en un contrato indefinido), y que ofrece la opción de una jornada laboral parcial u ordinaria (mínimo 20 horas, máximo 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días, sin sobrepasar las 8 horas diarias).
Este proyecto de Ley establece también la creación de una cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía, que busca enfrentar problemas de salud, sociales, económicos, productivos y de empleo (según lo establecido en el proyecto de Ley), misma que se alimentaría de recursos monetarios provenientes de créditos y donaciones que reciba el Gobierno Nacional por parte de organismos multilaterales de crédito, de las denominadas contribuciones humanitarias de las personas naturales y sociedades (contempladas en el mismo proyecto de Ley), de aportes que realice el Gobierno nacional, de las donaciones y aportes que realicen instituciones públicas o privadas (incluyendo personas naturales y jurídicas), y de cualquier otro bien que sea aportado (incluyendo sus frutos o rendimientos).
Aunque la cuenta de ayuda monetaria antes mencionada tiene un objetivo de ayuda social, es importante considerar que la contribución exigida a personas naturales y sociedades mantiene el espíritu de un Estado recaudador y aleja la atención de problemas estructurales que hoy más que nunca exigen ser resueltos, entre ellos, un uso ineficiente de recursos monetarios por parte del Estado (entre ellos, alto gasto público, subsidios ineficientes, y procesos de compras públicas que incluso en una situación de emergencia sanitaria dan lugar a procesos con sobreprecios), un sistema de salud pública que puede y debe ser repotenciado, una baja capacidad de la economía para generar nuevas plazas de empleo (e incluso de mantener las plazas existentes), entre otros.
La problemática del tamaño del Gobierno
Actualmente es bastante conocido que el Estado ecuatoriano enfrente un importante problema de endeudamiento, lo que ha limitado su capacidad de acceso a nuevos recursos monetarios, y que además ha incidido en su perfil de riesgo internacional, situación que a su vez crea un problema para instituciones privadas que busquen acceder a líneas de financiamiento en instituciones internacionales (como consecuencia del alto riesgo país que actualmente presenta Ecuador). Durante 2019, Ecuador destinó USD 3.341 millones para el pago de intereses de las deudas adquiridas, y otros USD 6.183 millones para el pago del capital de dichas deudas (aplicación del financiamiento), es decir que en dicho año se destinaron un total de USD 9.524 millones al pago de deuda, para un presupuesto total devengado en 2019 de USD 34.895 millones (participación del 27%).
La codificación presupuestaria de abril establece que en este año 2020 se deben destinar USD 3.389 millones en gastos de intereses, y otros USD 5.107 millones para pago de capital, es decir un total de USD 8.496 millones para pago de deuda, equivalentes al 25% del presupuesto codificado al mes de abril. Lo preocupante, a más de la dimensión de recursos monetarios destinados al pago de deuda, es que para este año se esperaba cubrir el Presupuesto General del Estado con recursos de financiamiento por USD 8.969 millones, sin embargo, el Estado ecuatoriano debe afrontar un estancamiento inminente del precio del petróleo (considerándose que el WTI cerró el viernes 17 de abril a un precio de USD 18,27 por barril, mientras que el precio del crudo ecuatoriano considerado en la Proforma 2020 fue de USD 51,30), además de una caída en la recaudación tributaria como consecuencia inmediata de la paralización productiva ocasionada por la emergencia sanitaria.
Pese a este panorama, es altamente importante comprender que el impacto a nivel de recaudación bien podría constituirse en una situación circunstancial, limitada al período de paralización y reactivación productiva, o podría constituirse en un elemento recursivo de un círculo vicioso que involucra una caída de los niveles de producción y comercialización a consecuencia de una caída de la demanda local originada por menores ingresos y por una baja capacidad de generación de puestos de empleo.
Debido a la situación de endeudamiento del Estado, desde el Gobierno debe permitirse un pleno protagonismo del sector privado en cuanto a la dinámica de reactivación y recuperación del aparato productivo. De momento, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se ha solicitado al Gobierno un sacrificio fiscal para que se permita al sector productivo en general períodos de gracia y facilidades de pago para IVA, impuesto a la renta, ISD, aportes patronales al IESS, además, de misma consideración de período de gracia y facilidades de pago para aranceles de materias primas, bienes de capital y bienes de consumo que se nacionalicen durante el período de emergencia.
Incluso, el mismo Comité Empresarial Ecuatoriano ha solicitado que se reduzcan aranceles a 0% para importaciones de materias primas y bienes de capital para la producción, además de que se cumpla con lo pactado y actualmente vigente en lo normativo respecto al pago de drawback para el sector exportador.
En el mediano plazo es necesario continuar apuntando a una mayor penetración de la oferta ecuatoriana en mercados internacionales, valiéndose para esto de la celebración de nuevos Acuerdos Comerciales, sin embargo, es necesario reconocer que esto tomaría varios meses incluso si se trabajara con toda la celeridad que exige el momento actual. Lo anterior sin embargo obliga también a que se aprovechen de mejor manera lo ya logrado o existente, especialmente en lo concerniente al Acuerdo Comercial con la Unión Europea que mantiene ya más de 3 años de vigencia.
Para que esto último se cumpla, existen varias acciones que pueden ejecutarse incluso en el momento actual, entre ellas, continuar reduciendo la carga burocrática a nivel de todas las actividades productivas (o en su defecto, apuntar a agilizar los procesos detrás de ello, y para ejemplo de que esto puede y debe darse, se tiene lo ocurrido durante estas semanas de emergencia sanitaria respecto a la entrega de salvoconductos), enfocarse en todo elemento que aporte a la competitividad de la oferta ecuatoriana de bienes y servicios, la eliminación de elementos que distorsionen de una u otra manera los costos a nivel del mercado local, y la habilitación de una plena explotación de recursos mineros bajo parámetros de manejo ambiental internacionalmente aceptados.
