Por: Dirección de Estudios CIG
Xavier Andrade / Iván Pisco / Leonard Quinde
El Gobierno ecuatoriano resolvió en septiembre de 2025 dar un giro decisivo en su política de subsidios: la eliminación del apoyo al diésel automotriz, fijando un precio de USD 2,80 por galón hasta el 11 de diciembre, antes de dar paso a un sistema de bandas que ajustará el precio según el comportamiento internacional del crudo. Se trata de una de las medidas más relevantes en términos fiscales de la última década, con un ahorro estimado entre 424 millones de dólares en 2025 y hasta 1.100 millones anuales en el mediano plazo. Esta decisión llega en un momento de severas restricciones presupuestarias, en el que el Estado requiere recursos para atender demandas sociales, infraestructura y seguridad, sin contar con amplio margen de endeudamiento.
Durante 2024 Ecuador registró un volumen de importaciones de diésel de 33,58 millones de barriles, superando en 6,1 veces la demanda registrada hace 20 años, teniéndose entre 2004 y 2024 un ritmo de crecimiento de estas importaciones a razón de 9,4% por año (siendo este, un ritmo relativamente consistente, de manera que en los últimos 5 años (2019-2024) se observa la misma tasa de crecimiento), lo que significó a su vez un subsidio acumulado por USD 19.306 millones para el mismo período referido. Ver gráfico No. 1
El anuncio de la medida se formalizó vía decreto ejecutivo y reforma al reglamento de precios de derivados de hidrocarburos, dando un marco legal inmediato al nuevo esquema. El período de transición de tres meses con precio fijo es visto como un mecanismo de amortiguación política y social, antes de permitir que el mercado y la fórmula de bandas determinen la evolución del costo. Según estimaciones oficiales, a partir de diciembre el precio podría descender marginalmente hacia USD 2,74 en enero de 2026 y USD 2,72 en febrero, aunque ello depende del precio internacional del petróleo. La volatilidad global seguirá siendo un factor de incertidumbre para empresarios y consumidores. Ver gráfico No. 2
El argumento central de la medida es claro: el subsidio no era focalizado, drenaba recursos fiscales y en algunos casos alimentaba el contrabando hacia países vecinos. Sin embargo, la reacción no ha sido homogénea. Desde el sector privado, varios actores han respaldado la medida como necesaria para sanear las cuentas públicas y fomentar la competitividad en condiciones más transparentes. Otros señalan que el impacto inmediato puede golpear a los más vulnerables y a los sectores productivos de menor escala, y que la clave está en la eficacia de las compensaciones.
El Ejecutivo anunció un escudo social de 18 medidas, entre las que destacan: bonos adicionales para 55.000 familias, invariabilidad del precio del pasaje urbano por 8 meses, compensaciones de 3 meses al transporte comercial, devolución del IVA a adultos mayores, créditos productivos para agricultores, y asignaciones especiales para el sector del transporte que ascienden a USD 220 millones. La amplitud de estas medidas evidencia la conciencia del Gobierno sobre la magnitud del choque, aunque su carácter temporal obliga a plantear estrategias de adaptación de largo plazo en el sector privado.
Impactos sectoriales diferenciados
El efecto de la medida se extiende de manera desigual en los sectores productivos. El transporte de carga enfrenta el mayor desafío: se estima un incremento de hasta un 7% en sus costos y gastos totales, dada la alta proporción de combustible en la estructura de egresos. La actividad agrícola podría experimentar un aumento de hasta un 1,0%, por el uso de diésel en maquinaria agrícola, riego y transporte de productos. La construcción experimentaría un alza de alrededor del 1,4%, pues la maquinaria pesada es intensiva en diésel. En manufactura, el efecto ronda el 0,9%, especialmente en industrias que dependen de insumos transportados desde largas distancias. Finalmente, el comercio de consumo masivo enfrentaría incrementos en torno al 0,5%, trasladados vía logística y distribución.
Es altamente importante evidenciar que las cifras previas, si bien son un referente general del posible impacto a corto plazo de la medida, no son determinantes ni categóricas, porque el impacto final dependerá en gran medida de lo que adopten los diferentes proveedores de transporte que atienden a las actividades productivas, mismos que podrían inclinarse por asumir parte del incremento del precio del diésel, esto por lo menos durante los primeros meses.
Por otro lado, el panorama internacional ayuda a contextualizar de mejor manera la medida. Aunque el precio interno subió fuertemente respecto a los niveles subsidiados, Ecuador aún se ubica entre los países con diésel relativamente barato en América Latina. En Colombia el precio bordea los USD 3,20 por galón, en Perú USD 3,10, en Chile USD 4,00, mientras que en Argentina se mantiene más bajo, en USD 2,60.
Recomendaciones estratégicas para empresas
La eliminación del subsidio obliga al sector empresarial a replantear sus estructuras de costos y cadenas de valor. Existen varias estrategias que pueden marcar la diferencia:
- Optimización logística mediante rediseño de rutas, consolidación de cargas y mayor eficiencia en la ocupación vehicular.
- Negociación contractual para incluir cláusulas de ajuste frente a variaciones en combustibles.
- Inversión en tecnologías limpias, como flotas híbridas o eléctricas en transporte urbano y soluciones de energía renovable en zonas rurales.
- Gestión financiera a través de coberturas contra la volatilidad del petróleo, algo posible en empresas grandes con acceso a instrumentos financieros.
- Comunicación transparente con consumidores y proveedores, preparando el terreno para ajustes de precios inevitables.
- Aprovechamiento de compensaciones y créditos productivos ofrecidos por el Estado, especialmente para PYMES y pequeños productores.
Más allá de los riesgos, también emergen oportunidades. Proveedores de soluciones energéticas, empresas de eficiencia logística y actores que desarrollen modelos de movilidad sostenible pueden beneficiarse de esta coyuntura. La presión por reducir costos asociados al diésel puede acelerar la transición hacia energías más limpias y abrir espacio a innovaciones empresariales.
Un giro de fondo en la política económica
El retiro del subsidio al diésel es un parteaguas en la política económica del país. Su impacto se medirá no solo en el ahorro fiscal, sino en la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno donde el precio del combustible refleja con mayor fidelidad las condiciones reales del mercado. El éxito de esta medida dependerá de la combinación de disciplina fiscal, rapidez y eficacia en las compensaciones, y la resiliencia del sector privado para absorber el cambio.
En resumen, la medida no solo redefine la política de subsidios, sino que también impone un nuevo estándar de competitividad. En un momento en el que persisten limitaciones presupuestarias y necesidades crecientes de inversión social, la decisión parece inevitable. El reto ahora está en convertir este ajuste en una oportunidad para modernizar la economía, fortalecer la eficiencia empresarial y encaminar una transición hacia un modelo energético más sostenible.