Por: María Isabel Salvatierra
Durante décadas, los diferentes políticos y ministros encargados de las decisiones económicas gubernamentales han intentado varias cosas para -desde su perspectiva-, impulsar el desarrollo de nuestro país. La particularidad de la mayoría de estas ideas es que han ido (con algunos matices) en la dirección del estatismo. Solo por citar algunos ejemplos: creación de empresas públicas, de superintendencias, promulgación de leyes y decretos que procuraban controlar lo mayor posible el accionar empresarial y ciudadano. Todo esto requiriendo a su vez de una amplia burocracia y, por ende, fuertes sumas de dinero para financiarlos, lo que, sumado a los programas sociales, orillaron a la creación e incremento de impuestos y a un sobreendeudamiento público. Mucha de esta visión de Gobierno se acentuó en los años 2006-2017 en el llamado Socialismo del Siglo XXI, en el que los empresarios tuvimos que aprender a tener que lidiar con constantes cambios tributarios, regulatorios, laborales, etc.
Según el informe del Índice de Libertad Económica elaborado por The Heritage Foundation (índice que mide 4 categorías: Estado de Derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de los mercados), se refleja que Ecuador aún se mantiene como una economía no tan libre, cabe mencionar que desde el año 2009 este índice de libertad económica no superaba los 50 puntos.
Por otro lado, el informe muestra un claro estancamiento en eficiencia regulatoria en temas de libertades empresariales y laborales, siendo esta última la que más se ha visto afectada en estos años, aún se mantiene por debajo de los 50 puntos, es decir, es un sector que está siendo reprimido cada vez más en Ecuador.
Hoy, a las puertas de una crisis económica mundial, Ecuador debe mirar hacia el lado contrario en términos de políticas públicas: La libertad económica. ¿Por qué? Al final del día, lo que todos queremos es reducir la pobreza. Lo contrario de pobreza es riqueza y la libertad económica ha demostrado funcionar en los países más prósperos del mundo.
En la actualidad, entre los países de Sudamérica, Chile es la economía más libre según el Índice de Libertad Económica, mientras que Ecuador se ubica en los puestos más bajos y sólo está por detrás de Bolivia y Venezuela.
En nuestro país necesitamos más empresarios invirtiendo, más emprendedores innovando, más personas trabajando, más familias consumiendo y ahorrando. Crear un ambiente propicio para las inversiones debe ser el punto de partida:
- Reducir impuestos, o al menos simplificarlos (agruparlos para que no sea complicado pagar diferentes cosas). Lo mismo con las tasas y patentes municipales.
- Una reforma laboral que permita que los contratos laborales sean menos rígidos. Que al final sea lo más parecido a un contrato comercial: un acuerdo entre el empleado y el empleador, sin mayores trabas.
- Por el lado de comercio exterior, se puede reducir trámites aduaneros y aranceles, para facilitar importación de materia prima y bienes de capital que permita mejorar productividad y producción. Lo mismo con los bienes de consumo, para poder tener acceso a productos más baratos.
Lo descrito se puede y, además tendría efectos en el muy corto plazo y, luego de eso, podemos pensar en las reformas o iniciativas que hacen falta y que por su complejidad pueden tardar en concretarse y mostrar resultados, pero que al final nos brindará más prosperidad a todos los ecuatorianos en el largo plazo:
- Acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países posibles, pero en especial con nuestro principal comprador: EEUU
- Reformas legales para que venga banca extranjera, mejore la oferta de crédito, e incluso apuntar a convertirnos en un centro financiero internacional, a propósito de ser un país dolarizado.
- Firmar tratados bilaterales de inversión, para que el inversionista extranjero perciba seguridad jurídica y nos coloquemos como destino confiable de capitales. Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador, la Inversión Extranjera Directa ha descendido de manera considerable en estos años y, al primer trimestre de este 2020 se concentró más hacia los Servicios prestados a las empresas.
Un Estado empresario intentando resolver el desempleo, sólo termina de una forma: mal. Las respuestas están en los ciudadanos y sus emprendimientos y, en las empresas y sus inversiones. El modelo sostenible es la libertad económica.