Por: Ec. Jimmy Anastacio Solis, Mag.
Cámara Nacional de Pesquería
La acción colectiva y coordinada de los actores de una cadena de valor ha demostrado ser un potente medio para la implementación de plataformas que enfrenten desafíos de sostenibilidad; muestra de ello son varios proyectos de mejoras de pesquería (Fishery Improvement Projects – FIPs) impulsados por coaliciones entre industria y gobierno, para recursos como el atún, pelágicos pequeños, dorado y pomada.
La demanda de producción pesquera certificada sigue motivando a los productores a alcanzar estándares de certificación de sostenibilidad o implementar FIPs. Construir capital reputacional en torno a estos procesos es igual de importante que las certificaciones o ser parte de un FIP, considerando que el greenwashing puede afectar la credibilidad de estos procesos.
El greenwashing es cuando “las marcas, organizaciones o gobiernos promueven una imagen de conciencia ecológica sin tomar medidas significativas para respaldarla”, con la finalidad de obtener beneficios.
En efecto, combatir o prevenir el greenwashing es una de las responsabilidades del sector privado y público, para evitar erosionar los objetivos de sostenibilidad y las bases de la cohesión social requerida para enfrentar retos a gran escala, particularmente en la pesca.
En este contexto, la creación de “Políticas de Compra de Pesca Responsable” debe operar como una herramienta para transparentar los compromisos de la cadena de valor por la sostenibilidad de una pesquería que suministra materia prima al encadenamiento productivo.
Las políticas de compras son un conjunto de directrices o lineamientos para regular y gestionar la adquisición de bienes y servicios en una empresa, acorde a requerimientos legales, éticos y de costo-eficiencia definidos por la estrategia.
Un compromiso de alto nivel en las cadenas de valor de productos pesqueros, a través de una política de compra sólida y transparente puede beneficiar de forma significativa a la sostenibilidad y combatir la ilegalidad. Si bien las actividades de regulación, control y fiscalización de pesquerías son de competencia estatal, esto no limita al mercado a apoyarlas de forma organizada. Todo lo contrario, la evaluación de la proveeduría, en términos de responsabilidad social y ambiental debe ser considerada un determinante en la selección de un proveedor que aspire a calificar como sostenible.
A criterio del autor, las coaliciones que involucren a un representativo número de actores a lo largo del encadenamiento productivo son potenciales plataformas para instaurar compromisos mediante política de compra de pesca responsable que busquen, no solo asegurar el cumplimiento legal de la proveeduría de pescado, sino además tener la oportunidad de impulsar cambios transformadores por iniciativa propia; por ejemplo medidas que busquen acelerar la recuperación de un stock pesquero o de implementar mejores prácticas para el cuidado de la fauna no objetivo, entre otros.
En el caso particular del FIP de camarón pomada o tití (Titi-FIP), el proyecto fue creado en la CNP con una política de compra de pesca responsable que busca evaluar el compromiso de la proveeduría y del sector procesador y exportador en su cumplimiento. La política es instrumentada mediante un registro de barcos proveedores y establece auditorías al cumplimiento de la política con la finalidad de combatir el greenwashing al ser parte de un FIP y de fortalecer el largo proceso de recuperación de un stock.
En perspectivas, el FIP de pelágicos pequeños (SPS-FIP) una vez cumplidos sus 5 años de creación, tiene la oportunidad de fortalecerse mediante una política de compra de pesca responsable que permita replicar y extender los impactos transformadores y positivos que ha obtenido hacia la proveeduría que no ha estado involucrada directamente en el proceso.
Las coaliciones por mejoras pesqueras seguirán jugando un rol determinante en enfrentar los desafíos de sostenibilidad, y a nivel empresarial será importante que los compromisos se incorporen a la estrategia y operación, reconociendo que ser parte de un proceso de mejora pesquera implica más que una contribución económica a un proceso colectivo, sino sobre todo la implementación de cambios reales en prácticas internas y de selección de proveeduría; para ello las políticas de compras que sean transparentes, adaptables y que velen por el cumplimiento de los compromisos son una buena herramienta para elevar el estándar de ingreso a quienes quieran, eventualmente, participar de procesos de sostenibilidad que busquen certificaciones.