Por: Andrés Terán y Nicolás Guevara Ruales
Heka (Ecuadorean Law Firm, with Offices in Quito and Cuenca)
Ecuador transita, con algunos desafíos regulatorios tecnológicos para este 2025. Los debates sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, fintech y telecomunicaciones no solo marcan la agenda tecnológica del país, sino que también ponen a prueba nuestra capacidad para regular e innovar en un equilibrio entre seguridad e innovación.
El año 2024 dejó avances significativos, pero también planteó retos que definirán los próximos doce meses. Desde una regulación en seguridad digital que aún lucha por consolidarse frente al aumento de ataques cibernéticos, hasta un ecosistema fintech con grandes ambiciones de crecimiento. Asimismo, el lento progreso en la asignación de espectro para 5G y la ausencia de política pública para la prestación de servicios para operaciones satelitales y espaciales plantean una interrogante clave: ¿está Ecuador preparándose adecuadamente para competir en la economía global?
Analicemos qué le depara al Ecuador en 2025 en temas clave explorando estas dinámicas y a reflexionar críticamente sobre el Proyecto País más allá de un proyecto político.
- Ciberseguridad: Una batalla en curso
Ecuador comienza el 2025 enfrentando un entorno digital más desafiante que nunca; según datos de 2024, los ciberataques en el país aumentaron un 30%. Aunque esta cifra representa una desaceleración respecto a años anteriores, destaca la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas. Este contexto resalta la necesidad urgente de fortalecer la seguridad digital, no solo como medida de protección, sino también como motor de competitividad económica. Así, en la Asamblea Nacional se discute todavía el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Digital, que a pesar de los cuestionamientos recibidos por ser un proyecto muy similar al ya archivado “Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital”, ha sido gestionado con bastante celeridad.
El Proyecto de Ley Orgánica de Protección Digital, debatido en 2024, busca establecer un Sistema Nacional de Seguridad Digital (SNSD) con amplias competencias que van desde la prevención de ciberataques hasta la vigilancia en el ciberespacio. Aunque este marco representa una oportunidad significativa, también genera inquietudes respecto a su impacto en la privacidad, la carga administrativa para las empresas y el equilibrio entre regulación e innovación.
Desafíos regulatorios y oportunidades
- Centralización de la vigilancia estatal: El SNSD sería responsable de supervisar infraestructuras críticas y servicios esenciales. Aunque esta medida puede mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas, también genera preocupaciones sobre la falta de límites claros en el acceso a datos de entidades públicas y privadas. ¿Se puede esperar que la supervisión no se convierta en una herramienta de control excesivo?
- Carga para las empresas: Las exigencias uniformes de cumplimiento, como la obligación de implementar sistemas de monitoreo, representan un desafío particular para las pequeñas empresas y startups. Estas empresas, que operan con recursos limitados, podrían verse desproporcionadamente afectadas, lo que limitaría su capacidad de competir en un entorno ya de por sí desafiante.
Propuestas para un futuro equilibrado
Para que el proyecto logre su objetivo de fortalecer la seguridad digital sin sofocar la innovación, es fundamental implementar una serie de mecanismos estratégicos. En primer lugar, sería recomendable la incorporación de una supervisión independiente, mediante la creación de un comité externo encargado de auditar las prácticas de vigilancia estatal. Este comité garantizaría que se respeten principios esenciales como la proporcionalidad y la necesidad en las acciones de monitoreo. Además, es crucial establecer una flexibilidad regulatoria que permita diseñar un sistema escalonado. Este sistema ajustaría las exigencias de cumplimiento en función del tamaño y los recursos disponibles de las empresas, lo que facilitaría la adaptación y el cumplimiento normativo sin imponer cargas excesivas.
Otro aspecto importante es fomentar la cooperación internacional. Ecuador podría seguir modelos exitosos que equilibran la seguridad nacional con la inversión extranjera y el intercambio de mejores prácticas en el ámbito digital. El año 2025 se perfila como un periodo decisivo para estas iniciativas. El éxito radicará en encontrar un balance adecuado entre la seguridad y la competitividad. Ecuador tiene ante sí una valiosa oportunidad: fortalecer su ciberespacio mientras se posiciona como un país atractivo para la innovación tecnológica.
Si deseas revisar nuestro análisis más detallado de este punto revisa este enlace: https://www.linkedin.com/pulse/an%C3%A1lisis-proyecto-de-ley-org%C3%A1nica-protecci%C3%B3n-digital-heka-ec-ftwze/?trackingId=DFXUFXOHTnKRLPOP4ga7xg%3D%3D
- Fintech y el ecosistema digital
Ecuador atraviesa un momento decisivo en el desarrollo de su norma para el sector fintech. La reciente promulgación de un Decreto-Ley que modifica el Código Orgánico Monetario y Financiero para incluir los “Proveedores de Activos Virtuales” como medios de pago marca un avance significativo hacia la modernización del ecosistema financiero. Sin embargo, también plantea desafíos regulatorios que podrían definir su futuro inmediato. Con el 2025 a un par de días, las billeteras electrónicas, el ecosistema cripto y los seguros digitales (insurtech) emergen como áreas clave de discusión, especialmente en un contexto donde actores reguladores, como la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), aún generan incertidumbre respecto al margen de maniobra que podrían otorgar a estas innovaciones tecnológicas en el país.
Criptomonedas: Innovación bajo vigilancia
El uso de productos financieros tecnológicos ha experimentado un crecimiento considerable en Ecuador, impulsado por la demanda de métodos de pago rápidos, accesibles y confiables. Este desarrollo podría consolidarse con el nuevo Decreto-Ley emitido por el presidente Daniel Noboa “Ley Orgánica para la mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos”. No obstante, la acción de inconstitucionalidad presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, mantiene la ley suspendida mientras la Corte Constitucional evalúa el caso. Aunque esta medida cautelar no representa un pronunciamiento definitivo, se ha generado expectativas sobre la posible aplicación de la normativa.
La introducción de proveedores de activos virtuales como medios de pago podría posicionar a Ecuador como una jurisdicción referente a nivel regional en el uso de las criptomonedas. Sin embargo, su implementación exige un equilibrio delicado entre innovación y supervisión. La aprobación previa de la Superintendencia de Bancos busca mitigar riesgos como el lavado de activos y el fraude. Aunque aún no se conocen los detalles del proceso de aprobación, la medida parece razonable y no genera una carga burocrática adicional significativa, lo cual es un aspecto positivo.
El ecosistema cripto, no obstante, sigue siendo objeto de controversia en el país. Mientras la JPRF delibera sobre una resolución que facilite el ecosistema fintech, promoviendo la competencia y reduciendo barreras de entrada, la UAFE ha expresado preocupaciones sobre los riesgos de su uso en actividades ilícitas, especialmente en un contexto marcado por el narcotráfico. Este dilema plantea un desafío fundamental: regularizar de manera efectiva el uso de criptomonedas sin buscar necesariamente recaudación tributaria inmediata.
Insurtech: El siguiente paso en la digitalización financiera
Los seguros digitales o insurtech están ganando terreno como una solución ágil y accesible para los usuarios. Sin embargo, la falta de claridad regulatoria, las contradicciones en el ordenamiento jurídico y las preocupaciones sobre el lavado de activos han generado cierta resistencia. Aunque la JPRF busca impulsar este segmento, la UAFE mantiene reservas, lo que podría ralentizar su desarrollo.
Propuestas para fortalecer el sector fintech
Para garantizar que el ecosistema fintech prospere en 2025, resulta indispensable que las resoluciones de la JPRF establezcan lineamientos precisos sobre interoperabilidad y seguridad, adoptando un enfoque basado en principios, más que en reglas estáticas, que permita adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos.
La colaboración activa y continua público-privada es igualmente crucial. Es necesario fomentar un diálogo constante entre reguladores enfocados en resguardar la legalidad, empresas fintech con un profundo conocimiento de sus productos y usuarios en busca de servicios más accesibles y eficientes. Este esfuerzo conjunto permitirá construir un marco regulatorio equilibrado y dinámico.
El 2025 podría ser el año en que Ecuador se posicione como una jurisdicción clara que invite a la inversión extranjera. Sin embargo, alcanzar este objetivo dependerá de su capacidad para encontrar un balance entre incentivar la innovación y proteger el sistema financiero actual. ¿Logrará el país superar los desafíos regulatorios y consolidar un entorno que beneficie tanto a usuarios como a empresas?
- Inteligencia Artificial: La regulación como desafío emergente
En 2024, la Asamblea Nacional presentó tres proyectos de ley enfocados en la regulación de la inteligencia artificial (IA), reflejando un interés creciente por adaptar esta tecnología al contexto local. Sin embargo, Ecuador enfrenta retos significativos debido a la falta de un ecosistema tecnológico maduro que permita el desarrollo e implementación efectiva de estas normativas. En el panorama actual, la IA se encuentra en el centro de un debate regulatorio que evidencia tanto el interés del país por modernizar su marco normativo como los desafíos que conlleva su aplicación. Cada uno de los proyectos presentados revela una tensión fundamental: equilibrar la protección de los derechos de las personas con la necesidad de fomentar un entorno que promueva la innovación y atraiga inversión tecnológica.
El Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial, presentado en junio, aspira a establecer un marco integral que abarque desde la investigación hasta la supervisión de sistemas de IA. Sin embargo, su enfoque altamente normativo y su clasificación de riesgos en categorías ambiguas generan dudas sobre la viabilidad de su implementación. Al prohibir prácticas como los sistemas de puntuación social y el uso masivo de datos sin especificaciones técnicas claras, el proyecto introduce restricciones que, aunque bien intencionadas, podrían frenar el desarrollo de la tecnología en un contexto donde los recursos y el talento especializado son limitados.
Por su parte, la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Inteligencia Artificial busca un enfoque más equilibrado al proponer mecanismos como los sandboxes regulatorios. Estos entornos de prueba permitirían a las empresas experimentar con tecnologías emergentes bajo una supervisión controlada antes de aplicar normativas definitivas. Sin embargo, la falta de claridad en la categorización de riesgos y su interacción con normativas existentes, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, genera incertidumbre que podría disuadir a desarrolladores e inversionistas.
Finalmente, el Proyecto de Ley Orgánica de Aprovechamiento Digital e Inteligencia Artificial para Niñas, Niños y Adolescentes, presentado en septiembre, se enfoca en proteger los datos personales de menores y regular el uso de IA en entornos educativos y de seguridad digital. Aunque su enfoque especializado es loable, la creación de una nueva entidad reguladora, la Autoridad Nacional de Supervisión de IA (ANSIA), plantea riesgos de duplicidad funcional con organismos existentes, como el Ministerio de Educación o la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Esta falta de coordinación podría generar conflictos normativos e incrementar la burocracia en un sector que demanda agilidad.
En los tres proyectos, se observa un común denominador: un exceso de normatividad rígida que no considera la inmadurez del ecosistema tecnológico ecuatoriano. Es crucial que los reguladores recuerden que la virtud se encuentra en el punto medio, en este caso, entre una regulación que garantice la seguridad y los derechos (que no implica necesariamente la creación de nueva normativa), y la flexibilidad necesaria para permitir el desarrollo de un sector fundamental hacia los retos del futuro. En un país que aún carece de capacidades sólidas para implementar proyectos de IA de alto impacto, el enfoque actual corre el riesgo de sofocar la innovación antes de que esta pueda despegar.
Frente a este panorama, el Ejecutivo estudia la posibilidad de proponer medidas regulatorias mediante acuerdos ministeriales hasta que Ecuador alcance un mayor nivel de madurez en el sector de IA. Esta estrategia podría funcionar como una fase preparatoria para definir el camino que el país debe tomar en su desarrollo tecnológico. Sin embargo, aunque esta propuesta parece una solución pragmática y mediadora, es necesario esperar los detalles concretos para evaluar el nivel de promoción y las facilidades que se plantearán para fomentar esta tecnología.
Para que Ecuador aproveche el potencial transformador de la IA, es imprescindible adoptar un marco regulatorio marco que se adapte a las realidades de cada caso de uso. Esto implica priorizar la formación de talento especializado y atraer inversión extranjera mediante políticas promercado. La oportunidad de Ecuador radica en aprender de modelos internacionales, como el enfoque experimental de Estados Unidos, adaptándolos a las necesidades específicas del Ecuador. De no hacerlo, el país corre el riesgo de quedarse rezagado en una carrera tecnológica donde la adaptabilidad y la apertura son la base para el éxito. La pregunta que persiste es si Ecuador está regulando para el presente (con carencia de casos de uso) o limitando las posibilidades del futuro.
Si deseas revisar nuestro análisis más detallado de este punto revisa este enlace: https://www.linkedin.com/pulse/una-perspectiva-regulatoria-de-la-inteligencia-artificial-en-ecuador-yvqte/?trackingId=I9hzny2YSyKk0j7IC7EU2Q%3D%3D
1. Telecomunicaciones: Ecuador en la encrucijada de la conectividad y la innovación
El sector de telecomunicaciones en Ecuador atraviesa un periodo de estancamiento normativo que restringe su capacidad de innovación y crecimiento. La falta de asignación de espectro para 5G es un ejemplo, así como la carencia de dinamismo regulatorio que le permita al Ecuador explorar otros modelos productivos, por ejemplo, el espacial.
La asignación de espectro para 5G
Mientras que países vecinos han avanzado significativamente en el despliegue de redes 5G, Ecuador sigue operando bajo un modelo anticuado para la asignación de frecuencias y en su intento por consolidar su crecimiento en el sector de inteligencia artificial. Aunque operadoras como Claro, Movistar y CNT han realizado pruebas para implementar esta tecnología, y se prevé que una red comercial pueda comenzar a operar en el primer trimestre de 2025, el país todavía enfrenta serios desafíos en la asignación de espectro y en la construcción de un ecosistema tecnológico competitivo.
El despliegue de 5G es crucial para la competitividad del Ecuador a nivel regional. Ecuador continúa utilizando tecnología 4G, lo que retrasa la llegada de nuevas inversiones y dificulta el progreso en áreas estratégicas como la salud, la educación y la productividad industrial. Sin un marco normativo moderno que facilite y acelere la asignación de espectro, el país corre el riesgo de quedar rezagado en la carrera tecnológica regional (Colombia, Perú, Chile y Brasil ya cuentan con esta tecnología)
De hecho, este es un factor clave que debería priorizarse incluso antes de desarrollar una normativa para la inteligencia artificial, ya que avances como el 5G constituyen la base necesaria para fortalecer el ecosistema tecnológico y permitir nuevos desarrollos. Esto subraya la necesidad de evaluar primero el estado actual de nuestra infraestructura tecnológica, generando incentivos para su mejora antes de implementar regulaciones excesivas que podrían limitar el crecimiento del sector.
Industria Espacial: Potencial limitado por la falta de normativa
Existen algunos proyectos de prospección para que Ecuador se convierta en un actor clave en el mundo de la industria espacial. Nuestra posición geográfica, al estar en la línea ecuatorial permite al Ecuador alcanzar una amplitud de órbitas mucho mayor a cualquier otro país en otras latitudes. Sin embargo, el camino al involucramiento del Ecuador en esta nueva ola de la industria global requiere de la decisión de algunos aspectos clave: identificar el rol del Ecuador en esta industria, dinamismo regulatorio de nuestra industria de telecomunicaciones en la provisión de servicios a operadores satelitales y operaciones espaciales extranjeras, entre otros claves. ¿Cómo podríamos soñar con un eventual “Puerto Espacial” si no tenemos las credenciales necesarias para operarlo? Un proyecto de este estilo requiere el compromiso de muchos sectores del gobierno y sociedad civil. Desde la inclusión de nuevas carreras universitarias a través de alianzas con universidades extranjeras, hasta el posicionamiento del Ecuador en estos aspectos a nivel multilateral. ¿Será que encontramos en el siguiente gobierno el compromiso suficiente para lograr un Proyecto País con responsabilidad?
Propuestas para la evolución de las telecomunicaciones
El 2025 representa una oportunidad única para que Ecuador redefina su estrategia en telecomunicaciones, adoptando un enfoque que priorice la innovación, la conectividad y la competitividad global. Modernizar el marco normativo en estas áreas clave será esencial no solo para cerrar la brecha tecnológica, sino también para posicionar al país como líder regional en un sector en constante transformación. Apostar por el 5G, los servicios satelitales y la industria espacial no solo garantizará una infraestructura tecnológica avanzada, sino que también sentará las bases para un futuro más conectado, próspero y económicamente favorable para el país.
- Otros temas relevantes para 2025
El 2025 será un año decisivo para Ecuador, marcado por el avance de iniciativas regulatorias y el impacto de las elecciones presidenciales. En un contexto de transformación digital, las decisiones que tome el país en áreas como trabajo digital, neurotecnología, protección de datos y gobernanza tecnológica tendrán un impacto profundo en su capacidad para enfrentar los retos del siglo XXI y fomentar la inversión en Ecuador.
Entre los proyectos legislativos destacados se encuentra la Ley de Trabajo Digital, que busca regular las condiciones laborales, con un enfoque claro en las plataformas de servicios de movilización y entrega, como Uber y Rappi, en un entorno cada vez más definido por modelos remotos. Esta propuesta intenta garantizar el acceso a la seguridad social pero que pareciere no tener claro cómo podría no comprometer la flexibilidad que caracteriza a este tipo de empleo. Por otro lado, el Proyecto de Ley Orgánica de Neuroprotección y Aplicación Ética de las Neurotecnologías, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, busca regular tecnologías como las interfaces cerebro-computadora e implantes cerebrales. Su objetivo principal es “garantizar la protección de los derechos fundamentales, la integridad física y psíquica, y la dignidad humana frente a los avances en neuro tecnología”.
También se prevé que la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) desempeñará un papel crucial. Ahora constituida y organizada, se espera que sus primeras investigaciones comiencen en el primer trimestre de 2025, enfocándose en la aplicación de sanciones que establezcan precedentes claros para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su reglamento.
Este panorama estará directamente influido por los resultados de las elecciones presidenciales de 2025, que definirán el enfoque político del país hacia la tecnología y su desarrollo económico. La postura del próximo gobierno sobre temas como la modernización de sectores clave, incluyendo fintech, inteligencia artificial y telecomunicaciones, será determinante para posicionar a Ecuador como un actor competitivo en la región. Mientras algunos enfoques podrían priorizar la protección de derechos mediante una regulación estricta, otros podrían optar por políticas promercado que fomenten la innovación y atraigan actores internacionales.
En este cruce de caminos, Ecuador enfrentará no solo decisiones legislativas críticas, sino también la necesidad de alinearse con las dinámicas globales de innovación y competitividad. El 2025 será un año de definiciones trascendentales. El país tiene ante sí la oportunidad de transformar su entorno tecnológico mediante decisiones regulatorias equilibradas y una visión estratégica de futuro. La pregunta central sigue siendo: ¿será posible garantizar que las normas impulsen la innovación y fortalezcan la competitividad, o corremos el riesgo de quedar rezagados en un mundo que avanza a gran velocidad? Ecuador tiene el desafío de construir un modelo donde la tecnología sea un motor de desarrollo y bienestar para todos. La acción es urgente, y el momento de actuar es ahora.