Por: Dirección de Estudios CIG
Xavier Andrade / Iván Pisco / Leonard Quinde
Los ecuatorianos estamos nuevamente inmersos en una contienda electoral, esta vez para elegir al Presidente de la República que se proyecta gobierne durante el período 2025-2029. La composición de la Asamblea Nacional refleja la fragmentación política del país y, si persiste la dinámica de los últimos años, podría prolongar la inestabilidad que hemos experimentado recientemente.
No obstante, el poder Ejecutivo cuenta con un amplio margen de acción para transformar la realidad socioeconómica, impulsar la creación de empleo y generar oportunidades para todos.
Con el objetivo de proporcionar los elementos necesarios para tomar una decisión informada en los comicios del próximo 13 de abril, en este artículo se analizarán algunos datos sobre el contexto nacional al que se enfrentan nuestros candidatos, así como sus propuestas.
Contexto nacional
La crisis política que atraviesa Ecuador se ha visto agravada por la crisis energética y de seguridad, cuyo impacto negativo en la economía del país ha sido significativo. Además, la situación económica se ha deteriorado aún más debido a la disrupción en la producción petrolera.
Como se observa en el Gráfico 1, al comparar el desempeño económico hasta el tercer trimestre de cada año, en 2024 el PIB muestra una disminución con respecto a 2023, acercándose a niveles similares a los de 2022. Estos datos sugieren que las proyecciones de un ligero crecimiento económico, tanto del Banco Central del Ecuador como de organismos internacionales, fueron excesivamente optimistas frente a la realidad nacional.
Esta recesión se refleja directamente en la escasez de empleo adecuado en Ecuador. Como se observa en el Gráfico 2, este indicador se encuentra en uno de sus niveles más bajos de la última década, solo por encima de 2020, año marcado por la pandemia. Al mismo tiempo, el subempleo registra una de sus tasas más altas.
Por otro lado, el gobierno que asumió el mandato en noviembre de 2023 ha enfrentado serias restricciones de liquidez y un déficit considerable en las finanzas públicas. En respuesta, implementó cambios tributarios como el aumento del IVA del 12% al 15% y la eliminación de la reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas, medidas que han reducido la liquidez del sector privado ecuatoriano.
Este tipo de políticas resultan especialmente preocupantes si se considera que, al comparar el desempeño hasta el tercer trimestre de cada año, la formación bruta de capital fijo (FBKF) alcanzó su punto máximo en 2014 y no ha logrado recuperar esos niveles. Como se muestra en el Gráfico 3, en 2024 la FBKF incluso se encuentra por debajo de los niveles registrados en 2012.
Como se puede observar en la Gráfica 4, la falta de inversión se refleja directamente en el estancamiento de la productividad en los últimos años. A su vez, esta baja productividad impacta negativamente en los salarios, las condiciones laborales y el crecimiento económico.
En términos generales, estos datos permiten vislumbrar el complejo escenario al que se enfrentan los candidatos. A continuación, se presentarán las principales propuestas que podrían impactar al sector industrial de nuestro país.
Viendo hacia el futuro
Los datos muestran que Ecuador enfrenta importantes desafíos estructurales. El país necesita seguir trabajando en la recuperación de la confianza de los mercados de capitales y en el manejo de los impactos de la política fiscal y productiva, para hacer frente a un entorno internacional incierto. Además, es crucial que el gobierno gestione con mayor eficiencia su dependencia del sector petrolero, especialmente ante la inminente implementación del referéndum que frenará las operaciones en el Parque Nacional Yasuní, lo que se suma a la maduración de otros pozos y a la baja inversión en el sector.
Por otro lado, liberar el potencial de crecimiento del país es fundamental para generar más y mejores oportunidades laborales y reducir la pobreza. Para lograrlo, se requiere construir un consenso político que permita superar las barreras estructurales que limitan la creación de empleo formal, la atracción de inversión privada y la diversificación de las exportaciones.